Resumen y paráfrasis editorial elaborados a partir del audio del programa publicado por AmeliaRueda el 25 de mayo de 2026 (duración 40:58). No reproduce una transcripción literal completa; se conservan citas textuales breves donde resultan necesarias para fijar postura. Se corrigieron los errores típicos del reconocimiento automático de voz para nombres propios y siglas (por ejemplo: «Alice/Elise» → ICE, «doce» → DOCSE, «fonatel» → FONATEL, «Linz» → INS).

Resumen y transcripción: Amelia Rueda con tres jefes de fracción — armonización eléctrica, magistrados suplentes y correo electrónico societario (25 de mayo de 2026)

Programa original: https://www.youtube.com/watch?v=C90tirZlSPo · Canal: AmeliaRueda · Fecha: 25 de mayo de 2026 · Duración: 40 min 58 s

Resumen

La mañana previa al primer debate del expediente 23.414, Amelia Rueda reunió a tres jefaturas de fracción —Nogui Acosta (Partido Pueblo Soberano, oficialismo), Abril Gordienko (PUSC, Bloque Democrático) y José María Villalta (Frente Amplio)— para discutir cómo llegaría la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional al plenario. La ausencia del PLN se sintió: Álvaro Ramírez estaba alistando la conferencia de prensa de su fracción —que ese mismo día anunciaría el voto en contra—.

En materia eléctrica, Acosta defendió la apertura recurriendo al historial costarricense de 1995 (banca), 2000 (telecomunicaciones) y 2008 (seguros) y sostuvo que el ICE no tiene capacidad para abastecer la nueva demanda de zonas francas, centros de datos y electromovilidad. Gordienko, también a favor de abrir el mercado, reconoció que «la ley no es perfecta» y dijo haber hecho llegar al oficialismo «una serie de inquietudes» pendientes. Villalta marcó la posición más dura: el proyecto fragmenta el sistema, le quita al ICE su «cerebro» operativo (el DOCSE), crea una institución autónoma —el ECOSEN— con cogeneradores privados en la junta directiva, y abriría la puerta a tarifazos residenciales y a la pérdida de los subsidios cruzados que hoy abaratan el recibo de los hogares.

El programa abordó también la elección del miércoles 27 de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional, que requiere 38 votos. Acosta dijo que el oficialismo no se opone a la elección pero quiere conocer mejor a las personas postuladas; Gordienko subrayó que el rezago afecta a la población más vulnerable que recurre a la Sala —«somos una de las poblaciones del mundo que más recurrimos a nuestro tribunal constitucional»—; y Villalta llamó a buscar consensos entre las 18 personas de la nómina, advirtiendo contra un eventual intento de descartar el concurso para nombrar magistraturas «afines al gobierno».

El tercer bloque trató la inscripción del correo electrónico societario (expediente 25.094), denunciado por la empresaria Laura Sauma: el cobro cercano a los 100.000 colones por sociedad que el Registro pretende aplicar es contrario al espíritu de la ley. Con el plazo fatal del 4 de junio encima, Acosta planteó como ruta alterna ampliar el transitorio por un año más; Gordienko y Villalta coincidieron en aprobar el proyecto en segundo debate cuanto antes.

Transcripción

Lo que sigue es una paráfrasis editorial del programa, organizada por bloque temático y persona, con citas textuales breves entre comillas. No reproduce el audio palabra por palabra.

Bloque 1 — Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional

Apertura del bloque

Amelia Rueda introduce a los tres jefes de fracción presentes y lee la inquietud de un oyente, don Rafael Solís, quien argumenta que el sector privado es «el motor de la economía» y que la competitividad del país está atada a la capacidad de recaudación del Estado. Pide a cada jefatura fijar su posición «bien clarito para que la gente entienda», retomando una intervención previa de la diputada Daniela Rojas sobre el estado del expediente.

Nogui Acosta (Partido Pueblo Soberano, oficialismo) — a favor

Acosta defiende la apertura apoyándose en las tres experiencias costarricenses anteriores:

A partir de ahí plantea el problema de fondo: el ICE no tiene la infraestructura ni la inversión para abastecer la demanda futura —zonas francas, centros de datos, electromovilidad pública y privada, descarbonización del transporte—. La transmisión y la distribución «siguen estando en manos» de las empresas actuales (Coopelesca, CNFL, ICE, Coopeguanacaste), por lo que pregunta: «¿Cuál es la razón lógica de no permitir la apertura?».

Abril Gordienko (PUSC, Bloque Democrático) — a favor, con matices

Saluda el «gusto» de coincidir con Acosta y celebra la exposición previa de Daniela Rojas. Sostiene que la apertura del mercado trae beneficios tanto a la oferta —empresas con experiencia internacional en generación— como a la demanda, sobre todo al sector empresarial que «demandará energía de manera más fuerte si vamos cambiando esa matriz de transportes o si decidimos atraernos y convertirnos en hubs de inteligencia artificial».

Advierte que el país enfrenta el riesgo del «súper Niño» de este año y que, mientras el mundo le apuesta a la energía limpia y al almacenamiento en baterías, Costa Rica «le apuesta a alquilar plantas térmicas, plantas que queman combustibles fósiles que son sumamente costosas en términos financieros y ambientales».

Reconoce, sin embargo: «la ley no es perfecta». Cuenta que le hizo llegar a Acosta una serie de inquietudes y que considera que «todavía hay caminos para hacerle algunas mejoras al texto, a pesar de que ya haya llegado a plenario». En principio está de acuerdo con la apertura.

José María Villalta (Frente Amplio) — en contra

Saluda al panel y va al fondo: «ese proyecto de ley tiene problemas serios» y, al no poder modificarse en este momento, la fracción del Frente Amplio votará en contra.

Sostiene que, de aprobarse así, el proyecto fragmentaría el sistema eléctrico nacional y desmontaría la planificación que ha permitido al país niveles altos de abastecimiento y tarifas solidarias. Aclara que cada apertura es distinta y que no se puede argumentar por analogía con la banca o las telecomunicaciones.

Su crítica central es operativa: el proyecto obliga al ICE a desprenderse del DOCSE, el sistema que planifica la distribución de electricidad en todo el país, y lo traslada a una nueva entidad autónoma —el ECOSEN— «donde van a estar los mismos cogeneradores privados en la junta directiva decidiendo a quién se le compra electricidad»: lo que describe como «poner al zorro a cuidar las gallinas». Esa nueva institución es «nueva burocracia que va a elevar los costos de las tarifas», y los esquemas de subastas «han generado incrementos en las tarifas eléctricas» en Chile y España.

Recuerda los daños colaterales que el discurso oficial no menciona: el FONATEL quedó como «un fondo inoperante» con «millones engavetados», y la apertura bancaria privó al país de una banca de desarrollo con función social. Cifra en «más de 100 millones de dólares» el costo de reconstruir capacidades para que el nuevo ente pueda operar, costo que «se le va a tener que trasladar a las tarifas». Cierra denunciando que los mismos cogeneradores que han cobrado al ICE electricidad con «sobreprecios millonarios» documentados por la Contraloría quedarían sentados en la junta directiva del nuevo ente.

Réplica de Acosta

Sostiene que «no hay más burocracia que el Estado que teníamos antes de las aperturas». Pide al diputado leer sobre transmisión: es un monopolio natural y «la única carretera sobre la cual va a correr toda la electricidad». Por eso —argumenta— el ICE no pierde nada: sigue distribuyendo y participando como «el principal participante del mercado», igual que el INS en seguros. La idea de que tendría que «reconstruir el conocimiento» es, según él, falsa. Cierra defendiendo el balance de las aperturas previas: «más crédito para todos», «más seguros para todos», «7 millones de líneas de celular», y un FONATEL que «se creó precisamente porque la burocracia quería tener entre comillas» servicios para personas de bajos ingresos.

Réplica de Villalta

«FONATEL es un desastre, doña Amelia, eso todo el mundo lo sabe», retoma, y señala que el modelo del proyecto reproduce esa lógica al «quitarle el cerebro» al ICE. Pide leer los transitorios: allí queda escrito que personal, recursos y sistemas del DOCSE pasan al nuevo ente. Reitera la metáfora —«burro amarrado contra tigre suelto y el zorro cuidando a las gallinas»— y aclara que, aunque la transmisión sea un monopolio natural que efectivamente le quedaría al ICE, eso tiene costos que hoy se cubren con el sistema integrado; al fragmentarlo, los subsidios cruzados que hoy abaratan la tarifa residencial dejarían de aplicarse. «Ese es el tema donde advertimos que hay un riesgo real de que aumenten las tarifas, en las tarifas residenciales de los hogares».

Cierre del bloque

Amelia Rueda recuerda que el debate continuará y que falta escuchar al PLN, que ese día prepara una conferencia de prensa. Pregunta a Acosta si el proyecto se vota en esa legislatura; Acosta lo confirma: «obviamente está convocado y vamos a votarlo». Antes de pasar al siguiente bloque, Gordienko deja una advertencia política: «este texto que se está discutiendo es de autoría del partido de Liberación Nacional, y hoy la expectativa es que lleguen y se desdigan de lo que ellos propusieron».

Bloque 2 — Magistrados suplentes de la Sala Constitucional (miércoles 27)

Estado del proceso

La votación requiere 38 votos. El oficialismo tiene 31 y necesita siete adicionales. La nómina trae 18 nombres, con perfiles de carrera judicial y de la academia constitucional.

Nogui Acosta

Aclara que el oficialismo «no está opuesto a la elección» pero quiere «conocerlos» y considera que no son «las personas idóneas». Refiere que el oficialismo pidió a la Sala Constitucional completar la nómina, pero acepta que «este miércoles vamos a votar».

Abril Gordienko

«Cada voto cuenta y además la voz de cada quien cuenta». Reivindica el control político que ejerció para forzar la fecha de votación, y advierte que el rezago afecta a la población más vulnerable: «somos una de las poblaciones del mundo que más recurrimos a nuestro tribunal constitucional». Si una magistratura titular se inhibe o enferma, sin suplentes la Sala se queda sin quórum. Aclara que el oficialismo no se le ha acercado a negociar y que en el Bloque Democrático ya están analizando trayectorias y currículums.

José María Villalta

Confirma que el Frente Amplio dará sus siete votos. Explica que en la primera votación de la legislatura anterior algunos nombres «alcanzaron cifras altas» y otros «estuvieron cerca»; la fracción está revisando la lista para identificar opciones de consenso. Critica que el oficialismo parezca preferir descartar el concurso para pedir otros nombres «afines al gobierno»: «no funciona así, los magistrados tienen que tener independencia». Advierte que dejar bloqueado el nombramiento puede provocar una parálisis de la Sala Constitucional —«eso no le beneficia a nadie»— y que, aun cuando ningún partido pueda nombrar a sus favoritos por sí solo, hay que sentarse a buscar los 38 votos sobre nombres con garantías de independencia.

Bloque 3 — Correo electrónico societario (expediente 25.094)

Intervención de Laura Sauma (empresaria)

Hace casi un año advirtieron que las personas tendrían que pagar cerca de 100.000 colones para registrar un correo electrónico en el Registro Nacional, «cosa que es contraria a la ley y sobre todo contraria al espíritu del legislador». Trabajaron el proyecto con Carlos Felipe García y Jorge Dengo y quedó con aprobación en primer debate de la legislatura pasada. Según informa, 80.000 personas ya pagaron y aún quedan 300.000 obligadas.

Nogui Acosta

Está de acuerdo en evitar el cobro. El plazo ya está prácticamente vencido. Comenta que el martes la diputada Quivel presentó un proyecto para ampliar por un año más el transitorio. La ruta alterna del oficialismo es dispensar de todos los trámites esa ampliación, mientras se valora si el texto del 25.094 cumple con las observaciones que ha planteado el propio Registro Nacional.

Abril Gordienko

Cita el expediente 25.094, presentado por el diputado Carlos Felipe García (PUSC), cuyo objeto es que la inscripción del correo electrónico societario sea «gratuita y expedita». Critica la «creatividad» burocrática para imponer requisitos y costos a la ciudadanía. Si el proyecto no entra a regir antes del 4 de junio, dice estar de acuerdo con suspender los efectos y extender el plazo mientras se resuelve la situación; advierte la injusticia de que quienes ya pagaron queden en desventaja frente a quienes esperaron.

José María Villalta

Está «totalmente a favor» del proyecto, ya aprobado en primer debate. Recuerda que el correo electrónico societario nació de una ley anterior que impulsaron «hace unos años» para agilizar las notificaciones a personas jurídicas —un viejo dolor de cabeza para procesos judiciales y administrativos—. «No le veo sentido a prorrogar este tema» un año más; el Registro «no lleva razón» al imponer ese cobro. Propone trabajar el segundo debate desde ese mismo día con cualquier ajuste puntual que sea necesario.

Cierre del bloque

Acosta acepta la disposición pero recalca el riesgo del calendario: el proyecto necesitaría una moción y devolución, lo que abre la duda de si alcanza el tiempo hasta el 4 de junio. Por eso insiste en la ruta alterna de ampliar el plazo, que daría margen para incorporar las observaciones del Registro.

Cierre del programa

Amelia Rueda agradece la participación de las tres jefaturas, lamenta la ausencia del PLN —Ramírez estaba preparando la conferencia de prensa de las 11 a. m.— y adelanta que el tema eléctrico no termina ese día: anuncia que el programa seguirá con otros bloques (mediciones y conversaciones políticas en internet).