La propuesta del Frente Amplio sobre electricidad no aparece, hasta ahora, como un proyecto de ley alternativo completo al expediente 23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional. Lo que sí plantea es una agenda legislativa para reformar normas existentes y modernizar el sistema eléctrico sin trasladar el centro estratégico fuera del ICE.
Esa agenda menciona tres leyes clave: la Ley 449, que creó el Instituto Costarricense de Electricidad; la Ley 7200, que regula la generación eléctrica autónoma o paralela; y la Ley 8660, que fortaleció y modernizó entidades públicas vinculadas al ICE y al sector de telecomunicaciones.
El objetivo señalado es agilizar gobernanza, planificación y contratación. Para que esa frase tenga efecto real, debe convertirse en artículos de ley, plazos, responsables, controles tarifarios, mecanismos de transparencia y reglas de financiamiento.
Textos completos consultados
- Ley 449, Creación del Instituto Costarricense de Electricidad, texto completo en el Sistema Costarricense de Información Jurídica
- Ley 7200, Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela, texto completo en el Sistema Costarricense de Información Jurídica
- Ley 8660, Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, texto completo en el Sistema Costarricense de Información Jurídica
- Propuesta del Frente Amplio para electricidad y transición energética
- Plan de Gobierno 2026-2030 del Frente Amplio en PDF
Primera precisión: no es un articulado completo
La diferencia es importante. Una cosa es decir que se deben reformar leyes para modernizar el sistema eléctrico; otra cosa es presentar artículos específicos con cambios a cada norma. En este momento, la ruta frenteamplista funciona como una orientación legislativa: mantener rectoría pública, fortalecer al ICE, permitir inversión sostenible bajo reglas claras y mejorar la capacidad del Estado para planificar, contratar y ejecutar.
Por eso, las reformas descritas aquí no deben leerse como un texto oficial ya presentado por el Frente Amplio. Son los cambios que tendría que contener una propuesta legislativa coherente con esa ruta.
Ley 449: actualizar el mandato del ICE
La Ley 449 creó al ICE con una misión histórica: resolver la escasez de fuerza eléctrica, desarrollar fuentes de energía y construir una base pública para la electrificación nacional. Esa misión sigue siendo central, pero el país de 2026 enfrenta retos distintos a los de mediados del siglo pasado: más demanda, cambio climático, presión sobre transmisión, necesidad de almacenamiento, digitalización de redes, electrificación del transporte y mayor exposición a sequías.
Una reforma alineada con la ruta del Frente Amplio tendría que actualizar el mandato del ICE sin reducirlo a un actor más dentro de un mercado. El cambio debería reconocer expresamente al ICE como institución estratégica para la seguridad energética, la transición renovable, la resiliencia climática y la universalidad del servicio eléctrico.
También debería hacer explícita su función en la planificación técnica. La propuesta frenteamplista habla de reactivar el Plan Nacional de Energía hacia 2030 y 2050. Para que eso funcione, la Ley 449 debería ordenar cómo participa el ICE en esa planificación, cómo se coordina con el MINAE, cómo se integran los criterios de la ARESEP y cómo se publican escenarios de demanda, generación, transmisión, almacenamiento y costos.
En gobernanza, la reforma debería establecer reglas más exigentes para nombramientos técnicos, conflictos de interés, rendición de cuentas y seguimiento de metas. Fortalecer al ICE no significa dejarlo sin controles. Significa darle capacidad de decisión, pero con indicadores públicos sobre continuidad del servicio, inversión, ejecución de obras, pérdidas eléctricas, calidad fuera de la Gran Área Metropolitana y avance en digitalización.
En contratación, la Ley 449 debería incorporar un capítulo especial para proyectos eléctricos estratégicos. Ese capítulo tendría que permitir procesos más ágiles para transmisión, almacenamiento, generación renovable, medidores inteligentes, automatización, ciberseguridad y software operativo. La agilidad no debe eliminar la competencia ni la fiscalización: debe combinar plazos razonables, expedientes públicos, trazabilidad de decisiones, control posterior efectivo y publicación de contratos relevantes.
También hace falta una reforma financiera. Si el país quiere más transmisión, almacenamiento y red inteligente, el ICE necesita herramientas para financiar inversión pública: reinversión, créditos verdes, emisión de bonos, alianzas con entidades públicas y acuerdos con cooperativas, municipalidades o universidades. La condición política de esa ruta es clara: financiar modernización sin vender activos estratégicos ni trasladar el control del sistema.
Ley 7200: ordenar la participación privada y cooperativa
La Ley 7200 autorizó la compra de electricidad por parte del ICE a generadores privados, cooperativas y otras formas de generación autónoma o paralela bajo límites, contratos y condiciones específicas. Su marco responde a una época en la que el debate se concentraba en plantas privadas de generación y compras de energía al ICE. Hoy el sistema es más complejo.
Una reforma coherente con la propuesta del Frente Amplio debería actualizar las definiciones de esa ley. Debe distinguir entre generación renovable, generación distribuida, almacenamiento, plantas híbridas, servicios complementarios, respaldo estacional y proyectos comunitarios o cooperativos. No basta con hablar de comprar energía: el sistema moderno necesita comprar firmeza, flexibilidad, respuesta rápida y servicios que ayuden a estabilizar la red.
El punto político más sensible es la apertura. La ruta frenteamplista no elimina toda participación privada, pero la condiciona a planificación pública y sostenibilidad. Por eso, la Ley 7200 debería reformarse para permitir inversión privada, cooperativa, municipal o comunitaria cuando responda a necesidades técnicas definidas por el país y no solo a oportunidades comerciales aisladas.
Esa reforma debería incluir concursos o subastas reguladas, criterios de precio, evaluación de impacto en tarifas, reglas de conexión, estándares ambientales y publicación de contratos. Si el objetivo es bajar costos y aumentar seguridad energética, cada contratación debe demostrar por qué conviene al sistema y cómo protege al usuario final.
También habría que revisar los topes de capacidad y los criterios de elegibilidad. Esos límites no deberían moverse por presión política, sino por estudios técnicos sobre demanda, reserva, transmisión, variabilidad climática y costos de respaldo. Abrir capacidad sin planificación puede terminar encareciendo el sistema; cerrar toda posibilidad de inversión también puede retrasar obras necesarias.
Otro elemento indispensable es la protección tarifaria. Una reforma de la Ley 7200 debería obligar a que los contratos se calculen con base en valor para el sistema, costo evitado, competencia real y revisión regulatoria. También debería crear reglas de transición para contratos existentes, respetando seguridad jurídica, pero revisando mecanismos que puedan trasladar costos injustificados a hogares, pymes y producción nacional.
Finalmente, la Ley 7200 puede ser una herramienta para democratizar proyectos pequeños y medianos. Una ruta de modernización pública debería abrir espacio a cooperativas, asociaciones de desarrollo, municipalidades, universidades y comunidades, siempre bajo reglas técnicas y ambientales. La participación distribuida puede fortalecer resiliencia si está bien integrada a la red; puede crear desorden si queda fuera de la planificación.
Ley 8660: modernizar herramientas sin perder control público
La Ley 8660 fue aprobada en el contexto de fortalecimiento y modernización de entidades públicas del sector telecomunicaciones, con impacto sobre el ICE y sus empresas. Aunque su origen está ligado a telecomunicaciones, su discusión es relevante porque toca capacidades institucionales: contratación, alianzas, gestión empresarial, flexibilidad administrativa y financiamiento.
Si el Frente Amplio propone agilizar gobernanza y contratación, la Ley 8660 tendría que reformarse para aclarar qué herramientas de modernización aplican al sector eléctrico y bajo cuáles límites. El país necesita que el ICE pueda ejecutar proyectos con velocidad compatible con la crisis climática y el crecimiento de la demanda, pero también necesita evitar captura política, compras opacas o decisiones sin control técnico.
Una reforma útil debería crear reglas especiales para contratación de tecnología eléctrica: redes inteligentes, centros de control, medición avanzada, automatización de distribución, ciberseguridad, almacenamiento, transmisión y sistemas de información. Estos proyectos no se gestionan igual que una compra administrativa ordinaria; requieren actualización constante, interoperabilidad, soporte técnico y protección de datos.
También debería ordenar las alianzas. La modernización eléctrica puede involucrar universidades públicas, cooperativas, municipalidades, empresas públicas, proveedores tecnológicos y capital privado sostenible. La Ley 8660 debería decir con claridad qué alianzas son permitidas, cómo se seleccionan socios, qué información debe publicarse, quién asume riesgos y qué activos permanecen bajo control público.
En gobernanza, la reforma debería reforzar incompatibilidades, declaraciones de interés, auditorías técnicas y evaluación de desempeño. La modernización institucional no puede medirse solo por cuán rápido se contrata. También debe medirse por ahorro, calidad del servicio, seguridad operativa, confiabilidad, cumplimiento ambiental y protección de tarifas.
La Ley 8660 también debería facilitar financiamiento verde y reinversión. Si el ICE debe competir por tecnología, talento y proyectos complejos, necesita reglas que le permitan planificar inversiones de largo plazo y sostener capacidades internas. Sin embargo, esa flexibilidad debe estar vinculada a metas públicas: universalidad, continuidad, descarbonización, equidad territorial y eficiencia tarifaria.
Cómo se complementan las tres reformas
Las tres leyes cumplen papeles distintos. La Ley 449 define el mandato y la naturaleza estratégica del ICE. La Ley 7200 regula cómo entra generación externa al sistema y bajo qué contratos. La Ley 8660 puede aportar herramientas de modernización institucional, contratación, alianzas y financiamiento.
Si solo se reforma la Ley 7200, el país puede abrir más contratación sin resolver planificación ni gobernanza. Si solo se reforma la Ley 449, el ICE puede quedar con una misión moderna pero sin herramientas operativas. Si solo se toca la Ley 8660, se puede agilizar contratación sin definir qué modelo eléctrico se quiere proteger.
La reforma seria tendría que conectar las tres: mandato público, planificación energética, contratación ágil, inversión sostenible, participación regulada, control tarifario y transparencia.
Paquete mínimo que debería contener un proyecto
Un proyecto legislativo basado en esta ruta debería incluir, al menos, estos elementos:
- Una definición actualizada de seguridad energética, transición renovable, almacenamiento, redes inteligentes y resiliencia climática.
- Un mandato explícito para que el ICE conserve un papel estratégico en planificación, expansión, operación técnica y ejecución de proyectos prioritarios.
- Reglas de coordinación entre ICE, MINAE, ARESEP, empresas distribuidoras, cooperativas y otros actores del sistema.
- Un régimen de contratación eléctrica estratégica con plazos claros, competencia, publicación de información y control posterior.
- Mecanismos de financiamiento para transmisión, almacenamiento, digitalización y generación renovable.
- Reglas para participación privada, cooperativa, municipal y comunitaria, subordinadas a planificación nacional y evaluación tarifaria.
- Protección de usuarios residenciales, pymes, zonas rurales y actividades productivas sensibles al costo de la electricidad.
- Indicadores públicos de avance, ejecución presupuestaria, continuidad del servicio y calidad territorial.
- Normas de transparencia para contratos, estudios técnicos, modelos de demanda y criterios de adjudicación.
- Disposiciones transitorias para que los cambios no generen vacíos regulatorios ni inseguridad jurídica.
Lo que no debería hacerse
Una agenda de reformas no debería convertirse en una copia parcial del 23.414 sin discusión pública. Si la ruta es fortalecer al ICE, las reformas no deberían crear otro ente que le quite funciones estratégicas por otra vía. Tampoco deberían usar la palabra “agilidad” como excusa para reducir transparencia o control tarifario.
La modernización tampoco debe plantearse como una decisión entre abrir todo el mercado o no hacer nada. Costa Rica necesita invertir, contratar mejor y planificar con más rigor. Pero esas decisiones deben proteger el servicio público, la solidaridad territorial, la estabilidad tarifaria y la capacidad nacional de decidir su futuro energético.
Lectura final
La propuesta del Frente Amplio tiene una ventaja política: reconoce que el sistema eléctrico sí debe modernizarse. También tiene un reto evidente: debe pasar de programa a texto legislativo.
Reformar la Ley 449, la Ley 7200 y la Ley 8660 puede ser una ruta seria si el proyecto resultante fortalece al ICE, ordena la participación privada, acelera inversión pública, mejora contratación, protege tarifas y mantiene la planificación energética como una función de interés nacional.
El paso siguiente debería ser claro: publicar un articulado completo, someterlo a discusión técnica y compararlo punto por punto con el expediente 23.414. Solo así el país podrá decidir entre modelos reales, no entre consignas.