Al 28 de mayo de 2026, el expediente 23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, no es ley. Pasó el primer debate, pero quedó en una posición política muy distinta a la que el Gobierno esperaba: avanzó con 27 votos a favor y 24 en contra, y para el segundo debate necesita 38 votos por la creación de ECOSEN, una nueva institución autónoma que asumiría funciones centrales del sistema.
La presidenta Laura Fernández ordenó desconvocar el proyecto de la agenda legislativa el 27 de mayo. Eso no lo mata formalmente, pero sí lo deja en pausa. Mientras el Ejecutivo no lo vuelva a convocar, no hay una segunda votación en firme. Si lo reconvoca, el problema sigue siendo el mismo: sin 38 votos, el texto actual no alcanza para aprobarse.
El punto de fondo es este: Costa Rica sí necesita modernizar su sistema eléctrico, pero eso no obliga a aprobar cualquier reforma. El país debe prepararse para más demanda, sequías más duras, mayor peso de la energía solar y eólica, necesidades de almacenamiento, transmisión más robusta y reglas claras para nuevas inversiones. Pero modernizar no puede significar desordenar la planificación, debilitar al ICE ni trasladar costos a hogares, pymes y zonas rurales.
Estado actual del expediente 23.414
El proyecto pasó primer debate el 26 de mayo de 2026. Ese primer aval fue suficiente para moverlo a la siguiente etapa, pero insuficiente para dejarlo listo como ley. La barrera real está en el segundo debate: los informes y la cobertura legislativa señalan que el texto requiere mayoría calificada de 38 votos, por crear el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN).
El oficialismo y sus aliados tienen una base de apoyo, pero no llegan solos. La oposición del Partido Liberación Nacional, el Frente Amplio y Coalición Agenda Ciudadana impide, por ahora, alcanzar esa cifra. Por eso la desconvocatoria debe leerse como una pausa táctica: el Ejecutivo gana tiempo para negociar, presionar o esperar que cambie el cálculo político.
También puede aparecer una consulta ante la Sala Constitucional si el expediente vuelve a moverse. Ese camino no sustituye el voto legislativo, pero puede atrasar el trámite y revisar dudas sobre la creación de ECOSEN, el papel del ICE, la autonomía institucional y el alcance de los cambios.
Qué puede pasar ahora
Hay tres rutas inmediatas.
La primera es que el Gobierno reconvoque el 23.414 y busque los 38 votos. Para que eso sea realista, tendría que negociar cambios de fondo, no solo pedir que la oposición “reflexione”. El problema es que el nudo político no está en una frase del proyecto, sino en su arquitectura: ECOSEN, el traslado de funciones del ICE, el mercado eléctrico nacional, los cargos de capacidad y la promesa no demostrada de tarifas más bajas.
La segunda ruta es que el proyecto quede estacionado. En ese escenario, no se aprueba el 23.414, pero el país tampoco resuelve los problemas que sí existen: demanda creciente, integración de renovables variables, almacenamiento, transmisión, respaldo para época seca y reglas más ágiles para inversión pública, municipal, cooperativa y privada.
La tercera ruta es abrir una salida distinta: una ley corta de seguridad energética y un paquete técnico de medidas que atiendan los riesgos inmediatos sin imponer, de una sola vez, todo el rediseño institucional del 23.414.
La alternativa anunciada por el PLN
El PLN anunció que no apoyará el texto actual y planteó una ruta alterna. Según la información publicada, esa propuesta apunta a una ley de emergencia y seguridad energética para evitar apagones y aumentos tarifarios, acelerar nueva generación renovable, impulsar almacenamiento, proteger hogares y pymes, respaldar financieramente al ICE, cooperativas, JASEC y ESPH, y crear una ventanilla única para agilizar proyectos renovables.
Esa ruta tiene una ventaja política: separa la urgencia de garantizar energía suficiente del debate más profundo sobre si Costa Rica debe abrir un mercado eléctrico mayorista con una nueva institucionalidad. Si el PLN quiere que su propuesta sea más que una reacción al Gobierno, debe presentar texto, plazos, fuentes de financiamiento, controles tarifarios y metas verificables de generación, almacenamiento y transmisión.
La pregunta clave para Liberación no es solo si está contra el 23.414. La pregunta es si puede construir una mayoría alrededor de una modernización con ICE fuerte, tarifas reguladas, inversión renovable rápida y reglas claras para cooperativas, municipalidades y privados.
Otras salidas que ya están sobre la mesa
Hay por lo menos dos rutas legislativas complementarias que no dependen de aprobar el 23.414 como está.
Una es el expediente 25.216, que propone habilitar compras directas de energía renovable por parte de cooperativas de electrificación rural y empresas municipales de servicios públicos. Esa reforma sería más estrecha que el 23.414: no crea un mercado eléctrico nacional completo, pero sí podría ampliar oferta y dar más margen a distribuidores públicos, cooperativos y municipales bajo regulación de ARESEP.
Otra es el expediente 25.535, impulsado desde el Frente Amplio, llamado Ley para Fortalecer la Planificación y la Seguridad Energética del Sistema Eléctrico Nacional de Costa Rica. Ese texto parte de otra lógica: mantener al ICE como eje de planificación, definir seguridad energética, reforzar controles de gobernanza y cerrar portillos de conflicto de interés en jerarquías del Instituto. No resuelve por sí solo la necesidad de más generación nueva, pero sí pone sobre la mesa un punto legítimo: modernizar también exige mejor gobernanza pública, no solo más mercado.
Además, el ICE ya tiene medidas en marcha que deberían formar parte de cualquier salida seria. La Presidencia informó en 2024 un paquete de 412 MW solares, eólicos y de biomasa para entrar entre 2025 y 2026, con participación del ICE, alianzas público-privadas y mecanismos de la Ley 7200. El ICE también anunció un plan de $1.000 millones para modernizar y expandir la red de transmisión entre 2025 y 2034, y ya ha probado almacenamiento con baterías en Guanacaste.
No exagerar la crisis, pero tampoco dormirse
La narrativa de “apagones inevitables” debe revisarse con cuidado. El ICE afirmó el 21 de mayo de 2026 que el Sistema Eléctrico Nacional cuenta con recursos para atender la demanda y que no existe riesgo inmediato de racionamiento. Ese dato importa, porque una reforma de esta magnitud no debe aprobarse a punta de miedo.
Pero tampoco conviene negar los riesgos de mediano plazo. El sistema eléctrico costarricense enfrenta una combinación exigente: más electrificación, nuevos polos productivos, variabilidad climática, dependencia histórica de la hidroelectricidad, límites de transmisión y necesidad de integrar más solar, eólica, geotermia, biomasa y almacenamiento. Si el país no moderniza planificación, inversión, permisos, transmisión y respaldo, la presión sobre tarifas y seguridad energética va a crecer.
Una salida responsable
La salida más viable no parece ser revivir el 23.414 sin cambios. Tampoco sirve dejar todo igual. Una ruta responsable podría tener seis piezas.
Primero, aprobar una ley corta de seguridad energética con metas obligatorias de capacidad, respaldo, almacenamiento y transmisión para 2026-2030.
Segundo, publicar escenarios transparentes de demanda, costos y tarifas, con responsabilidad compartida entre MINAE, ICE y ARESEP, para que el debate no dependa de consignas.
Tercero, acelerar los proyectos renovables ya planificados, pero con reglas ambientales, territoriales y de consulta que eviten convertir la transición energética en un conflicto con comunidades.
Cuarto, permitir compras directas reguladas para cooperativas y empresas municipales cuando eso aumente oferta renovable y reduzca riesgo tarifario, sin romper la planificación nacional.
Quinto, escalar almacenamiento, generación distribuida y gestión de demanda. La energía solar y eólica necesitan baterías, redes inteligentes y servicios auxiliares; no basta con instalar más plantas.
Sexto, modernizar la gobernanza del ICE sin vaciarlo. Si el país requiere más independencia técnica en la planificación y operación, esa independencia debe diseñarse con costos claros, control público, reglas de conflicto de interés y protección del modelo solidario.
La tarea ciudadana
El 23.414 quedó políticamente bloqueado, no derrotado para siempre. Puede volver a la agenda, puede ser negociado, puede llegar a una consulta constitucional o puede ser sustituido por otro proyecto. Por eso la discusión ciudadana no puede bajar la guardia.
La exigencia debe ser doble: rechazar una apertura mal diseñada que debilite la seguridad eléctrica, y al mismo tiempo exigir una modernización real que aumente oferta renovable, mejore transmisión, incorpore almacenamiento, proteja tarifas y fortalezca al ICE como institución pública estratégica.
Costa Rica necesita más energía limpia y confiable. También necesita reglas que pongan primero a la gente, no a los negocios de corto plazo ni a la propaganda política.
Fuentes consultadas
- Delfino.cr: Oficialismo aprueba en primer debate apertura del mercado eléctrico sin tener los 38 votos para la próxima votación
- Delfino.cr: Laura Fernández ordena desconvocar ley de apertura del mercado eléctrico
- Monumental: Gobierno dice estar dispuesto a dialogar de cara a segundo debate de plan sobre armonización eléctrica
- CRHoy: PLN impulsará plan alternativo para atender situación energética y apagones
- Delfino.cr: Diputada independiente propone habilitar compras directas de energía por cooperativas y empresas municipales
- Asamblea Legislativa: expediente 25.535, Ley para Fortalecer la Planificación y la Seguridad Energética del Sistema Eléctrico Nacional de Costa Rica
- Grupo ICE: Costa Rica cuenta con recursos para atender demanda eléctrica y respalda el Mercado Eléctrico Regional
- Presidencia de la República: ICE promueve 412 megavatios de proyectos solares, eólicos y de biomasa
- Grupo ICE: ICE inicia plan piloto con baterías para almacenamiento de electricidad
- Grupo ICE: ICE invertirá $1.000 millones para modernizar y expandir la red nacional de transmisión eléctrica