El medio La República publicó este 25 de mayo de 2026 una nota sobre la posición del Partido Liberación Nacional (PLN) frente al expediente 23.414, conocido como proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional.
Según la publicación, la fracción liberacionista anunció su rechazo al proyecto y dejó al oficialismo sin la ruta clara para alcanzar los 38 votos que requiere la aprobación definitiva. La nota también subraya que el cambio es políticamente relevante porque sectores del PLN habían impulsado durante años propuestas de apertura eléctrica.
Las tres razones reportadas
La República resume tres argumentos expuestos por el PLN para oponerse al texto actual.
Primero, el partido sostiene que el proyecto rompería el principio de solidaridad. La preocupación es que la reducción de costos favorezca principalmente a grandes consumidores eléctricos, mientras hogares, pequeñas empresas y usuarios con menor capacidad de negociación terminen cargando una parte mayor de los costos del sistema.
Segundo, el PLN señala que la iniciativa desmantelaría funciones esenciales del ICE. Desde esa lectura, la reforma no solo abre un mercado, sino que traslada competencias estratégicas que hoy sostienen la seguridad energética nacional. La posición liberacionista, según la nota, es fortalecer y modernizar al ICE, no debilitarlo.
Tercero, la bancada advierte que el proyecto no da herramientas suficientes a las cooperativas de electrificación rural ni a empresas públicas como CNFL, Jasec y ESPH para ampliar con más fuerza la generación renovable. Ese punto es clave porque el país no solo necesita más generación, sino una expansión que mantenga presencia territorial, arraigo público y capacidad de atender zonas que no siempre son las más rentables.
Por qué importa
La nota de La República ayuda a ubicar el momento legislativo: el debate ya no gira únicamente alrededor de si Costa Rica necesita más energía renovable o más inversión. La discusión de fondo es qué tipo de reforma se quiere aprobar, con qué garantías para los usuarios y con qué papel para las instituciones públicas que han sostenido el modelo eléctrico nacional.
El PLN, según la publicación, no descarta una reforma del sector energético. Lo que rechaza es este texto en particular. Esa diferencia importa: una cosa es modernizar reglas para mejorar planificación, generación renovable y eficiencia institucional; otra muy distinta es aprobar una apertura que pueda debilitar la solidaridad tarifaria, fragmentar funciones del ICE o dejar a cooperativas y empresas públicas sin herramientas reales para competir y aportar.
En términos políticos, la posición liberacionista reduce de forma importante las posibilidades del proyecto. En términos de fondo, refuerza una pregunta que atraviesa todo el expediente 23.414: si el país va a cambiar su sistema eléctrico, ¿la prioridad será el interés público completo o las reglas de un mercado que puede beneficiar más a los actores con mayor capacidad económica?