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Frente Amplio vs. 23.414: dos rutas distintas para modernizar la electricidad

28 de mayo de 2026 · Redacción

La comparación entre la propuesta del Frente Amplio y el texto actualizado del expediente 23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, muestra que ambos diagnósticos reconocen una necesidad real: Costa Rica tiene que preparar su sistema eléctrico para más demanda, más tecnología, más variabilidad climática, más generación renovable y más presión sobre transmisión y tarifas.

La diferencia no está en si hay que modernizar. La diferencia está en cómo.

El Frente Amplio plantea una modernización conducida desde el sector público, con el ICE como actor estratégico, rectoría estatal, digitalización, redes inteligentes, almacenamiento, generación distribuida y apertura controlada a inversiones sostenibles.

El 23.414 plantea una reorganización institucional y comercial mucho más profunda: crea ECOSEN, abre un Mercado Eléctrico Nacional mayorista, habilita agentes públicos, privados y mixtos, incorpora comercializadores, agregadores y grandes consumidores, y redefine la operación del sistema alrededor de reglas de mercado, subastas, servicios auxiliares y cargos de capacidad.

1. Modelo de modernización

La propuesta del Frente Amplio es una modernización pública y gradual. Habla de reactivar el Plan Nacional de Energía, planificar al 2030 y al 2050, reforzar la rectoría del MINAE, modernizar el ICE y actualizar leyes existentes.

El 23.414 crea un modelo de mercado. Desde sus primeros artículos define agentes del Mercado Eléctrico Nacional, comercializadores, agregadores, grandes consumidores y un Mercado Eléctrico Nacional mayorista con transacciones de energía, potencia, servicios auxiliares, capacidad y desviaciones.

En términos sencillos: el Frente Amplio propone modernizar el sistema público; el 23.414 propone rediseñar el sistema alrededor de un mercado mayorista.

2. Papel del ICE

En la propuesta del Frente Amplio, el ICE sigue siendo el eje estratégico del sistema eléctrico. Se habla de diagnosticarlo, modernizarlo, darle herramientas de planificación, mejorar gobernanza y mantener su papel en el Mercado Eléctrico Regional.

En el 23.414, el ICE queda como un agente importante, pero ya no conserva el centro de operación y planificación. El texto crea ECOSEN como institución autónoma responsable de operar el sistema, operar el mercado, planificar expansión, administrar transacciones y asumir funciones de operador nacional y regional.

Además, los transitorios del 23.414 contemplan el traslado hacia ECOSEN de activos, sistemas, recursos y personal vinculados a la operación del sistema y del mercado. Ese es uno de los cambios que explica la resistencia política al proyecto.

3. Planificación

El Frente Amplio propone reactivar un Plan Nacional de Energía y fortalecer la rectoría estatal. Su enfoque es que la política energética tenga dirección pública, escenarios de largo plazo y coordinación con descarbonización, empleo, clústeres productivos y desarrollo regional.

El 23.414 también habla de planificación, pero la ubica dentro de una arquitectura distinta. El MINAE dicta política pública y planificación indicativa, mientras ECOSEN elabora planes de expansión y administra procesos vinculados a subastas y requerimientos de capacidad. La planificación no identifica proyectos renovables específicos; los agentes los proponen dentro de procesos de mercado.

La diferencia es sustantiva: una ruta prioriza planificación pública con ICE fuerte; la otra separa rectoría, operación y mercado en una nueva institucionalidad.

4. Participación privada

La propuesta del Frente Amplio no excluye toda inversión privada. Habla de apertura controlada y de fomentar inversiones privadas sostenibles mediante contratos más flexibles. Pero esa participación aparece subordinada a planificación pública, sostenibilidad y liderazgo del ICE.

El 23.414 abre una participación privada más amplia. Define agentes de naturaleza pública, privada o mixta; habilita generadores, comercializadores, agregadores y grandes consumidores; y permite transacciones en el Mercado Eléctrico Nacional y el Mercado Eléctrico Regional bajo regulación.

También excluye la generación y la comercialización mayorista de la definición de servicio público. Ese punto marca un cambio jurídico fuerte frente al modelo actual.

5. Ley 7200

El Frente Amplio propone reformar la Ley 7200, junto con la Ley 449 del ICE y la Ley 8660, para agilizar gobernanza, planificación y contratación.

El 23.414 va más lejos: deroga la Ley 7200 una vez que entren en operación los reglamentos e instrumentos necesarios para el Mercado Eléctrico Nacional. Los contratos existentes se mantienen bajo reglas transitorias, pero el marco futuro cambia hacia el nuevo mercado.

Ahí hay otra diferencia clara: reforma puntual versus sustitución del marco.

6. Tecnología, red y almacenamiento

Aquí sí hay coincidencias parciales. Ambas rutas reconocen que Costa Rica necesita más tecnología.

El Frente Amplio menciona medidores inteligentes, automatización, plataformas digitales, almacenamiento, redes inteligentes, generación distribuida y modernización de transmisión.

El 23.414 también incorpora almacenamiento, generación distribuida, servicios auxiliares, libre acceso a redes y planificación de expansión. Pero esas herramientas quedan integradas a un mercado mayorista administrado por ECOSEN.

La coincidencia técnica no elimina la diferencia institucional.

7. Tarifas y protección social

La propuesta frenteamplista pone el énfasis en tarifas residenciales, pequeños negocios, pobreza energética, equidad territorial y control público. En las notas complementarias también aparece la idea de tarifas progresivas, subsidios transparentes y democratización de proyectos renovables pequeños.

El 23.414 promete eficiencia y menor costo para consumidores finales, mantiene precios regulados para usuarios de distribuidoras y permite topes en subastas. Sin embargo, también crea cargos de capacidad, servicios auxiliares, canon para ECOSEN y liquidaciones de mercado. El efecto real sobre tarifas dependería de regulación, contratos, transición y costos administrativos.

Por eso no basta con decir que una reforma bajará tarifas. Hay que mostrar el mecanismo.

8. Mercado Eléctrico Regional

Ambas rutas reconocen el Mercado Eléctrico Regional.

El Frente Amplio habla de participación activa del ICE en ese mercado. El 23.414 habilita agentes para transar regionalmente y le da a ECOSEN la coordinación nacional con el operador regional.

La diferencia es quién lleva el peso: en una ruta, el ICE; en la otra, ECOSEN y los agentes habilitados.

9. Riesgo principal de cada ruta

El riesgo principal de la propuesta del Frente Amplio es quedarse en programa si no se traduce pronto en proyectos de ley completos, metas, financiamiento, plazos y reglas técnicas. Decir “modernización pública” no alcanza si no se explica cómo se invierte, cómo se contrata, cómo se baja la presión tarifaria y cómo se atiende la demanda.

El riesgo principal del 23.414 es aprobar una reorganización demasiado amplia sin garantías suficientes sobre costos de transición, gobernanza de ECOSEN, conflictos de interés, cargos de capacidad, traslado de funciones desde el ICE y protección tarifaria para hogares y pymes.

Lectura final

El debate no es modernización contra atraso. Esa forma de plantearlo empobrece la discusión.

El debate real es entre dos diseños:

  • Una modernización pública, gradual y regulada, con ICE fortalecido, planificación nacional, digitalización, almacenamiento, transmisión y apertura controlada.
  • Una modernización por mercado, con ECOSEN, agentes múltiples, subastas, comercialización, cargos de capacidad y reorganización institucional.

La primera ruta necesita convertirse en texto legislativo concreto. La segunda necesita demostrar que no debilita al ICE, no encarece la transición y no deja al usuario final pagando costos que no controla.

Costa Rica sí tiene que resolver su futuro eléctrico. Pero una reforma de esta magnitud debe probar que fortalece la seguridad energética, protege tarifas, respeta el modelo solidario y mantiene control público sobre un servicio esencial.

Documentos para revisar