El proyecto eliminaría los límites a la capacidad instalada privada, permitiendo a empresas nacionales y extranjeras generar y exportar electricidad sin restricciones. Academia, sindicatos y ambientalistas advierten que multiplicaría represas en cuencas ya vulnerables por la escasez de agua, y que parques solares y eólicos competirían con bosques y zonas protegidas. Señalan que el MINAE quedaría como «juez y parte», sin contrapesos regulatorios ni sanciones claras por incumplimientos, y que la exportación comprometería bienes estratégicos para la soberanía energética futura del país.
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El proyecto acelerará la degradación ambiental del país
17 de julio de 2024